La absoluta culpabilidad del inocente.

Imagine que usted está siendo blanco de un grupo mafioso el cual le obliga a pagar una serie de dinero a cambio de no poner en peligro las vidas sus familiares. Imagine que la policía no sólo no hace nada para evitar la extorsión, sino que encima, como se entere que ha pagado, lo va denunciar por colaboracionista. ¿Qué hacer? Pues en esta misma diatriba se encuentran los empresarios vascos que pagan el impuesto revolucionario a ETA. Si pagas, malo, porque el Estado te encausará por colaborador con banda armada. Si no pagas, peor, tu familia y tu patrimonio corren serio peligro de atentado. Aberrante.

Esta mañana se ha dado a conocer el hecho de que el juez Grande-Marlaska ha decretado la detención de un par empresarios navarros por haber pagado el impuesto revolucionario, hecho delictivo según el código penal español. Y la pregunta que me hago es… ¿Quién defiende a la víctima? El Estado, que en principio tendría que defender la legalidad y, por tanto, a la víctima de la extorsión, no solo no la defiende de las mafias que la atacan, sino que encima la acusa de colaborar con ella. ¿Es lógico? No, en absoluto.

Acostumbramos a ver en la Justicia al garante de la inocencia y la legalidad, cuando en realidad la Justicia, lo único que es el órgano del Estado que impone la legalidad política sobre la ciudadanía. De esta forma, en la situación que comentamos, la Justicia no actúa para defender al inocente, sino para imponer la fuerza de una política concreta a alguien que actúa al margen del Estado al cual sirve, en este caso los terroristas.

Al Estado le importa un pito la situación de indefensión del empresario, simplemente quiere que su dinero no llegue a quien se opone a él; por su parte, el terrorista quiere que el dinero llegue a sus arcas para poder seguir actuando contra el Estado. O estás con uno o estás con otro. Si estás con unos, el otro tomará represalias contra ti y no hay opción de salirse de entre la espada y la pared, ya que se encuentra en medio de un pulso en que el Estado y ETA lo obligan a ponerse a la fuerza a favor de uno u otro. Otras consideraciones son absolutamente superfluas para ellos.

Vista la tesitura es normal que los empresarios sigan pagando, ya que hagan lo que hagan son culpables de colaboracionismo. Por tanto, si lo que corre peligro es la integridad física de sus seres más allegados, es normal que se jueguen el ir a la cárcel por salvarlos, en el supuesto de que al menos el Estado no intentará tirarlos barranco abajo.

¿Hasta cuando la justicia sólo funcionará para defender los intereses del poder establecido y no para defender la verdadera Justicia?

Mucho me temo que no tengo respuesta a dicha pregunta.